A partir del 2013, mediante la Ley de Actualización Tributaria, contenida en el Decreto 10-2012, toda empresa residente en Guatemala, ya sea de capital nacional o extranjero, sea una persona individual o una persona jurídica, pero que lleve a cabo operaciones con una parte vinculada en el extranjero, debe asegurarse que los precios pactados en sus operaciones entre ambas partes, se hayan efectuado bajo el principio de libre competencia, y/o, que los resultados de tales operaciones, no ocasionen efectos de disminución de la base imponible para impuestos directos como el Impuesto Sobre la Renta.

Es decir, todas las operaciones que se efectúen con empresas relacionadas en el extranjero, deben efectuarse tal como si las estuvieran acordando dos empresas no vinculadas, respondiendo únicamente a las fuerzas que participan en el libre mercado: persiguiendo obtener un margen de utilidad razonable sobre los costos, activos, funciones y riesgos involucrados por cada empresa.

La vinculación entre una y otra empresa, de acuerdo a la Ley de Actualización Tributaria, puede venir dada por tres circunstancias, ya sea por medio del capital o acciones; la administración o control; o mediante acuerdos contractuales o tácitos de exclusividad en la distribución o representación. Generalmente, bajo estos supuestos, se podrán encontrar empresas pertenecientes a un mismo grupo corporativo o a un mismo grupo de accionistas.

Las decisiones corporativas a nivel de grupos multinacionales o que operan en más de un país, tomadas por las direcciones financieras, pueden ocasionar que se acumulen ingresos o utilidades que no corresponden a las funciones, activos y riesgos involucrados por la empresa que las acumula. Situaciones como esta pueden darse en respuesta a decisiones puramente comerciales, o bien, en estrategias que buscan maximizar los resultados del grupo, haciendo migrar las utilidades a países con una menor o nula tributación (en el caso de los paraísos fiscales).

En el pasado, en Guatemala y la región centroamericana, estas decisiones no eran fiscalizadas, sin embargo, por la presión ejercida por organismos internacionales como la OCDE, ahora son sujetas de inspección, principalmente por las repercusiones que se dan en la recaudación tributaria de cada país. La normativa no es exclusiva de Guatemala, aunque en la región centroamericana aún se está en los primeros años de aplicación, la normativa se puede encontrar con más de 20 años de aplicación en Norteamérica y Suramérica, así como en Europa.

Las empresas que a partir del 20131 han llevado a cabo operaciones de cualquier tipo con sus partes relacionadas deben evaluar anualmente que sus precios cumplan con el haberse acordado en función del principio de libre mercado llevando a cabo un estudio de precios de transferencia por cada periodo fiscal. El estudio de precios de transferencia tiene por objeto evaluar las operaciones de acuerdo a un marco de referencia: el libre mercado.

En términos sencillos, la evaluación de un estudio de precios de transferencia consiste en comparar las operaciones efectuadas por la empresa con sus partes relacionadas, considerando los precios utilizados o los márgenes obtenidos, con operaciones comparables y llevadas a cabo entre compañías independientes. La comparación se realiza dentro de un rango de precios o márgenes, con un mínimo y un máximo, para obtener un “rango de plena competencia”, dentro del cual, se deberá mantener el precio o margen obtenido por la empresa en Guatemala.

Se debe tener en cuenta que el efectuar el estudio de precios de transferencia no es opcional para aquellas empresas que estén llevando a cabo operaciones con partes relacionadas, y en ese sentido, cobra una relevancia importante mencionar que la Superintendencia de Administración Tributaria cuenta con facultades para verificar que los precios pactados por el contribuyente en sus operaciones, cumplen con el principio de libre competencia.

La empresa o contribuyente debe llevar a cabo la presentación obligatoria de una declaración informativa de sus operaciones con partes relacionadas y por el otro lado, a requerimiento de la Administración Tributaria, presentar el documento de soporte de su estudio de precios de transferencia. El documento debe cumplir con ciertos requisitos de documentación y deberá seguir una metodología especial con propósitos comprobatorios del principio de libre mercado.

El estudio de precios de transferencia en Guatemala debe cumplir con lo establecido en la Ley de Actualización Tributaria y con las Directrices para Precios de Transferencia de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE) que desarrollan los lineamientos, metodología y métodos para evaluar los precios de transferencia y debiera tenerse listo antes del vencimiento de la declaración jurada anual del Impuesto Sobre la Renta el 31 de marzo de cada año.

En el mes de junio 2016, la Administración Tributaria puso en marcha un plan de fiscalización que incluyo, entre las acciones tomadas, el requerimiento a los contribuyentes de la presentación del Estudio de Precios de Transferencia del periodo 2015.

El requerimiento fue general para todos los contribuyentes que hubiera efectuado y declarado operaciones con partes vinculadas en el extranjero. Aquellas empresas que no llevaron a cabo el Estudio de Precios de Transferencia aún pueden hacerlo y rectificar su declaración del periodo 2015. Otra de las acciones presentadas en el plan de fiscalización de la Administración Tributaria, incluye el cruce de información con la Intendencia de Aduanas, con el fin de comprobar que aquello contribuyentes que no declararon operaciones con partes relacionadas, en efecto, hayan hecho una declaración veraz.

Por el otro lado, se estaría prestando atención especial a las operaciones realizadas con empresas establecidas en países catalogados como paraísos fiscales. Por el momento, se está atento a las acciones o auditorias que conduzca la Administración Tributaria luego de haber recibido la documentación por parte de los contribuyentes.

Al iniciar a abordar el tema en reuniones con distintos clientes se piensa rápidamente en los precios de los productos vendidos o comprados, por lo que vale la pena ampliar el término para tener una compresión adecuada acerca de este concepto. Un precio de transferencia es aquel que pactan dos empresas vinculadas en una operación entre ambas. Al referirse al término precios de transferencia, no se debe pensar únicamente en los precios sobre productos, dado que el concepto se extiende a otros “precios” representativos de operaciones comunes y otras no tanto del ámbito empresarial, por ejemplo: precios sobre servicios, el precio de tasas de interés sobre préstamos, el precio de tasas o montos sobre regalías, entre otros.

En una de las asesorías que se ha tenido la oportunidad de proporcionar a uno de nuestros clientes en Guatemala, se verifico que los productos que fabricaba y distribuía para la venta a sus partes relacionadas en El Salvador, Honduras y Costa Rica, eran facturados con un margen sobre costos casi nulo como parte de su estrategia para beneficiar los márgenes operativos de las empresas en los países centroamericanos.

Sin embargo, la operación, aunque responde a una decisión corporativa, no cumple con tener sentido comercial, dado que la empresa en Guatemala debió haber incluido un margen acorde a su función productiva (con una alta inversión en activos de planta) y de distribución. De acuerdo con la metodología para precios de transferencia, se identificó un margen apropiado para la operación, dentro de un rango de plena competencia y se corrigieron los márgenes obtenidos en Guatemala a través de un re facturación, todo ello, antes del cierre del periodo.

Este puede ser uno de muchos casos que hoy en día deben enfrentar y resolver las empresas guatemaltecas para estar en cumplimiento con la normativa y evitar ajustes significativos a sus utilidades, los cuales pueden ocasionar que grandes sumas de dinero se destinen, innecesariamente, al pago de multas sobre impuestos y sobre el incumplimiento de la presentación de la declaración informativa sobre operaciones con partes relacionadas y el Estudio de Precios de Transferencia.

Por nuestra parte, se recomienda, como una buena práctica de las políticas de precios de transferencia, llevar a cabo el análisis previo a efectuar las operaciones o bien, al cierre del tercer trimestre del año para poder efectuar ajustes si fuera necesario.

Y muy importante: no esperar a que la Administración Tributaria dé el primer paso. Asesorarse en el tema y elaborar el estudio puede evitar gastos mayores por ajustes o defenderse fiscalmente por no haber realizado el Estudio de Precios de Transferencia, se esté o no, en cumplimiento con el principio de libre mercado.

Eduardo Nuñez Duarte

Gerente de Precios de Transferencia y Consultoría de Negocios

Teléfono de Contacto: 2419-4300

Exceptuando el periodo 2014, debido a la suspensión de la aplicación de la normativa para precios de transferencia por el Decreto 19-2013, la cual cobró vigencia nuevamente en 2015 por el mismo decreto.