El año 2015 marcó un punto de inflexión en la historia de Guatemala en el que los ciudadanos condenaron enérgicamente la corrupción de algunos de los más altos funcionarios. La ciudadanía exigía cambios y fue por esto que se prioriza –aunque de forma apresurada y desordenada– la reforma del Estado. Hoy, la efervescencia con la que se exigieron esos cambios ha vuelto y existe una ventana de oportunidad (que es difícil que se repita en los próximos 20 años) para realizar reformas transformadoras. En el marco de este cambio de Guatemala, la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) resulta ser necesaria y urgente para combatir la corrupción. La última reforma a la LEPP, aprobada en 2016 (decreto 26-2016), se elaboró en 2015 de una forma apresurada y dejó por un lado los problemas centrales del sistema electoral: mejorar la representatividad, fortalecer a los partidos políticos y garantizar la independencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) respecto de los poderes del Estado. Posteriormente, el presidente de la República hizo un esfuerzo por recoger distintas posiciones de la sociedad civil para una nueva generación de reformas a la LEPP y presentó una propuesta de ley ambiciosa, pero con temas que se contradicen entre sí.

La Comisión de Asuntos Electorales (CAE) elaboró un borrador de dictamen de esa iniciativa, el cual contiene la mayoría de los puntos centrales que debería abordar una reforma a la LEPP. Sin embargo, contiene temas que se escapan de su objetivo y deja por un lado –de nuevo– otros aspectos relacionados con la autoridad electoral. ¿Se siente usted representado por sus diputados? Si la respuesta es no, como lo demuestran varias en- cuestas, la nueva generación de reformas a la LEPP debe abordar como punto central la manera de acercar al ciudadano con su representante. ¿Cómo lograrlo? Hay varias formas que la CAE propone. La más importante consiste en redefinir los distritos electorales que eligen a cuatro o más diputados. Esto significa que en lugar de elegir a 11 o 19 diputados en la ciudad o en los otros municipios del departamento de Guatemala, el ciudadano deberá seleccionar de dos a cuatro candidatos.

Esto reducirá la posibilidad de que candidatos menos deseados por la ciudadanía, y que por ende no la representan, sean electos como diputados. Otra reforma complementaria consiste en permitirle a los electores que voten directamente por los candidatos a diputados. De esta forma no estarían atados al orden de la lista impuesto por cada partido político, sino que podrían alterar el mismo al darle preferencia a uno de esos candidatos. Aunque la propuesta de la Comisión le asigna aún mayor peso al voto por el partido postulante, la inclusión del voto preferente significa un avance con respecto de otros esfuerzos de reforma electoral. Por otra parte, aspectos como las consultas comunitarias en relación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tienen una naturaleza distinta al ejercicio de los derechos políticos y deben regularse en un cuerpo legal distinto. Incluirlas en la LEPP sería desvirtuar y complicar aún más un asunto tan importante pero que debe ser reglamentado de forma muy cuidadosa y de acuerdo al espíritu del convenio de la OIT.

La CAE también propone aumentar los requisitos de consti- tución y de organización de los partidos políticos. Esto haría que partidos pequeños, como Encuentro por Guatemala, o ciudadanos particulares con el interés de formar un partido político nuevo “desde cero” se vean imposibilitados para lograrlo dentro de los tiempos legales establecidos. ¿Se imagina cerrar el sistema político actual y permitirles únicamente a las organizaciones políticas grandes actualmente constituidas competir en las próximas elecciones? En lugar de subir las barreras estas deberían reducirse con el fin de incentivar la competencia electoral.

Guatemala podrá tener las mejores reglas del sistema político, pero sin garantizar la independencia del TSE por medio de una elección escalonada de sus miembros y de aumentar su período de funciones, de poco servirá una reforma a la LEPP. Como ciudadanos que condenamos la corrupción en 2015 no podem- os dejar de estar vigilantes para impulsar y apoyar una correcta reforma al sistema político guatemalteco.

Por Jorge Gabriel Jiménez – Abogado y notario, co-fundador y Presidente de Guatecambia.