La República de Guatemala, ese bastión de la Economía Centroamericana, que supera los 70-80 mil millones de dólares al año, ha entrado en una desaceleración econó- mica notable, cayendo el pronóstico de crecimiento del PIB del Banguat, de 3.6- 3.9% de crecimiento para el 2017 a 3.0% o 2.9% según los estudios del Banco y de los principales analistas económicos del sector privado nacional entre ellos el CABI (Central American Business Intelligence). Al mismo tiempo que se da esta caída que grosso modo representa 6 mil millones de quetzales MENOS de actividad econó- mica para este año, hay que agregarle que Standard and Poors, la calificadora de riesgo mundial, ha degradado la calificación del riesgo país y con ello encarecido el pago de interese de la deuda soberana del Estado de Guatemala y complicado las condiciones para encontrar nuevos préstamos para empresas nacionales y extranjeras y el financiamiento y fondeo de proyectos existentes y nuevos en Guatemala. Todo ello se da en medio de una intervención con la CICIG, de la ONU en Guatemala y casos espectaculares anti corrupción del complejo MP-CICIG- embajadas, del 2015 con el caso la línea y el apresamiento de políticos y empresarios, entre ellos un ex presidente y una ex vicepresidenta de la República, y varios empresarios de banca, construcción, abogados, ministros de estado, visitas de aduanas, funcionarios municipales, alcaldes, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y una larga lista de detenidos en la lucha contra la corrupción. En su degradación de la calidad de la deuda soberana guatemalteca, Standard and Poors, específicamente cito la inestabilidad política interna guatemalteca y sobre el endeudamiento constante del gobierno de Guatemala, como sus razones para calificar la baja calidad de la deuda soberana y el riesgo país para la República de Guatemala.

En este contexto es notable hacer ver que la economía sigue creciendo aun, pero ha sufrido un serio golpe internacional y grandes gerentes de empresas multinacionales guatemaltecas de construcción, por ejemplo han publicado en su cuenta de Twitter que al menos 4 bancos extranjeros han dejado de fondear proyectos nuevos en Guatemala, precisamente por esa degradación del riesgo país de las calificadoras internacionales. El daño a la economía del país ya está hecho y costará mucho remediarlo. En medio de esta crisis las cortes superiores de justicia como la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad han emitido fallos totalmente parcializados y hasta politizados queriendo hacer una aplicación política del Convenio 169 de la OIT, instrumento internacional que por dos décadas ha sido utilizado por ONG’s radicales e ideológicas para atacar sistemáticamente inversiones multimillonarias en Guatemala, con lo cual el ambiente de negocios nacional se deteriorará aún más. Estos fallos que detuvieron casi por un año completo a la hidroeléctrica OXEC II (una inversión nacional y extranjera de más de 200 millones de USD) y ahora también ha golpeado a la Mina San Rafael en Santa Rosa, de Tahoe Resources, la segunda mina de plata más grande del mundo, haciéndole perder a esa inversión que representa más de 1,200 millones de USD y más de 1,700 puestos de trabajo formal con todas las prestaciones de ley y millones de quetzales en regalías impuestos, IUSI, ISR, IVA y regalías por encima de la ley del 5% de la producción de la mina. Este golpe de litigio malicioso de ONG’s virulentas de ideología extremista, que como dijo un distinguido abogado del foro guatemalteco, utilizan el “lawfare” (guerra judicial y litigio malicioso permanente) para quebrar, presionar o ahuyentar la inversión legitima en Guatemala, lograron, por ejemplo, en el caso de la minera hacerle perder a la acción en la bolsa de Vancouver y de Nueva York en el NYSE el 57% de su valor en el mercado de acciones internacionales.

¿Qué hacer?

En medio de este caos institucional y este ataque sistemático a una buena parte del sector privado y del ejército, en su mayoría a oficiales retirados que pelearon en el conflicto armado interno y derrotaron a las guerrillas terroristas de URNG, durante el siglo XX guatemalteco; es notable notar la ausencia de persecución penal del complejo MP-CICIG- embajadas a los grandes partidos de la izquierda guatemalteca, que por ejemplo, en el gobierno de Sandra Torres y Álvaro Colom diezmaron las arcas nacionales, cometieron actos de corrupción enormes iguales o peores a los del Partido Patriota (ahora en la cárcel y cancelado) y siguen operando libremente en la política nacional y no se ve que siquiera se intente por las autoridades la cancelación de dicho partido ni de los otros varios partidos con corrupción dentro del congreso que aún quedan por investigar y cancelar. Si solo metemos a una parte de la corrupción política y mercantilista a la cárcel y dejamos al resto de partidos políticos y financistas corruptos afuera, las mafias de la política guatemalteca solo se sofisticarán más, se volverán más secretivas y aprenderán de los golpes que el PP llevo a esconderse aún más en una economía mafiosa de lavado de dinero transnacional e invitarán a más carteles y organizaciones criminales nacionales y extranjeras a seguir operando en Guatemala.

Por ello hemos propuesto en varias oportunidades, que la lucha contra la corrupción debe ser transversal, no debe tener ideología y debe seguir, debe recrudecerse, aumentarse y focalizarse para dejar de ser la cacería de brujas política que se ha convertido y volverse un esfuerzo cada vez más sofisticado, profesional y estrictamente apegado al respeto del debido proceso, la presunción de inocencia y fundamentalmente el desarrollo de las instituciones y capacidades guatemaltecas para combatir, investigar y hacer inteligencia anti-criminal de todo el estado guatemalteco.

Por ello, el estado guatemalteco desde ya debe preparar un convenio de capacitación y entrenamiento permanente de los investigadores de la PNC, la guardia e inteligencia en presidios, el Mingob, la inteligencia civil y militar y el MP en Quántico Virginia, en la academia del FBI de los EUA, la mejor agencia de investigación criminal del mundo, y con el Departamento de Defensa del gobierno de los EUA, para que con ese entrenamiento, capacitación, tecnología y compartimiento de knowhow y capacitación permanente, se logre que todo el estamento de seguridad y justicia guatemalteco se vuelvan de los mejores de la región, pudiendo perseguir a políticos y corruptores sin importar su ideología política y volviendo al estado de Derecho la norma y no la excepción, como es ahora. La CICIG y el Ministerio Público han tenido algunos logros importantes, pero igualmente no le rinden cuentas a nadie de sus equivocaciones, abusos y errores, y en un estado de Derecho, nadie, absolutamente nadie, debe estar encima del imperio de la ley. Si no logramos desarrollar nuestras propias instituciones y logramos desarrollar y lograr una percepción que la justicia es pareja para todos, no podremos salir del laberinto en el que estamos, sin un estado de derecho pleno y ese caldo de cultivo de inestabilidad política y cacería de brujas permanente, es el clima perfecto para la destrucción de la república, la democracia, el estado de Derecho y la gobernabilidad democrática de Guatemala, eso indefectiblemente nos llevara a una dictadura corrupta de izquierda o de derecha, al peor estilo de Nicaragua, Venezuela o los países africanos y ello afectara los índices de pobreza disparando masivamente la migración de guatemaltecos a los EUA, que es precisamente lo que el gobierno norteamericano quiere detener. Solo garantizando el estado de derecho justo e imparcial, la estabilidad normativa y el clima de negocios atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras Guatemala tiene un chance de salir del laberinto y la espiral de desaceleración económica en la que ya estamos.

Por Giovanni Fratti – Abogado y periodista de opinión independiente